Washington, EE.UU. – Veintitrés países plantearán a la OEA cambiar la sede de la [highlight]Comisión Interamericana de Derechos Humanos[/highlight] (CIDH), actualmente en Washington, e igualar el estatus de las relatorías de ese organismo, según acordaron el lunes durante una reunión en Guayaquil (suroeste de Ecuador).
Las propuestas -discutidas por delegados de las 23 naciones signatarias de la Convención Americana de Derechos Humanos- serán presentadas a la asamblea de cancilleres que se reunirá el 22 de marzo en Washington, dijo el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, al anunciar las conclusiones del encuentro.
Se propondrá “considerar la conveniencia de que la sede de la CIDH -adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA)- esté ubicada en un estado parte de la Convención”, indicó Patiño, señalando que se creará un grupo de cancilleres para buscar la adhesión de los países que aún no lo han hecho como Estados Unidos.
También se sugerirá a los ministros que todas las relatorías, y no solo la de libertad de expresión, “sean consideradas especiales y garantizar su financiamiento”, para lo cual pedirán a los estados aportar económicamente, sin excluir las “donaciones voluntarias”.
Asimismo, recomendarán que “los miembros de la CIDH sean elegidos de entre los nacionales de los países que han ratificado la Convención”.
Las propuestas recogen parcialmente la postura de Ecuador, que junto a países como Venezuela y Bolivia, promueve desde hace casi dos años un proceso de reforma de la CIDH, el cual debería concluir en la cita del 22 de marzo.
Al instalar la reunión en Guayaquil, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso que Argentina sea la nueva sede y señaló que la presidenta de ese país, Cristina Kirchner, está de acuerdo.
Correa planteó además que la CIDH sea financiada solo por los países que han firmado la Convención, al recordar que Estados Unidos es uno de los principales aportantes del organismo, al que acusó de haberse convertido en un “instrumento de la política exterior” estadounidense contra gobiernos críticos.
Igualmente, invitó a los países miembros de la Convención a aportar los 15 millones de dólares que la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) requieren para funcionar.
La Comisión ha denunciado violaciones a la libertad de expresión especialmente de los gobiernos de Caracas y Quito, por lo que varias organizaciones no gubernamentales (ONG) afirman que la reforma es un intento de socavar las atribuciones de la CIDH.
Estados Unidos, Canadá y Panamá defienden a toda costa la autonomía e independencia de la Comisión, por lo que rechazan que las propuestas que apruebe la OEA sean vinculantes.
A la conferencia asistieron los cancilleres de Argentina, Héctor Timerman, y de Bolivia, David Choquehuanca, el viceministro brasileño para América del Sur, Antonio Simoes, y el representante de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton.
Correa cargó en particular contra la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH, criticando que entre ocho es la única con presupuesto e informe anual propio, y que es financiada por Washington, la Unión Europea y ONG norteamericanas.
Eso “supone la supremacía del capital que está detrás de las empresas dedicadas a la comunicación”, aseveró Correa, que sugirió una financiación equitativa para todas las relatorías y un informe único sobre los avances para garantizar los derechos humanos en general.
Según Patiño, el presupuesto de la relatoría para la libertad de expresión supera el millón de dólares, mientras que los otros oscilan entre 50.000 y 100.000 dólares.
Quito arreció sus críticas contra la CIDH, luego de que ésta pidiera suspender preventivamente la sentencia que condenó a tres años de cárcel y al pago de 40 millones de dólares a tres directivos y un exeditor del diario El Universo, en una demanda por injuria presentada por Correa.
El mandatario, enfrentado con un sector de la prensa privada ecuatoriana a la que acusa de conspirar en su contra, pidió luego anular la pena emitida hace poco más de un año, en medio de fuertes críticas internacionales.
Veintitrés países plantearán a la OEA cambiar la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualmente en Washington, e igualar el estatus de las relatorías de ese organismo, según acordaron el lunes durante una reunión en Guayaquil (suroeste de Ecuador).
Las propuestas recogen parcialmente la postura de Ecuador, que junto a países como Venezuela y Bolivia, promueve desde hace casi dos años un proceso de reforma de la CIDH, el cual debería concluir en la cita del 22 de marzo.
Las propuestas -discutidas por delegados de las 23 naciones signatarias de la Convención Americana de Derechos Humanos- serán presentadas a la asamblea de cancilleres que se reunirá el 22 de marzo en Washington, dijo el ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, al anunciar las conclusiones del encuentro. (AFP)
