La madrugada del 31 de enero de 1994, Guy P. Gaddis, agente de la policía de Houston, Texas, realizaba un patrullaje cuando una persona lo detuvo: había sido asaltado por dos sujetos y pidió ayuda al oficial.
Gaddis detuvo a los sospechosos; a uno de ellos le encontró un reloj que pertenecía al hombre que minutos antes había solicitado su ayuda.
El policía esposó a los detenidos y los subió en la parte trasera de la patrulla. Sin embargo, durante el traslado uno de ellos -a pesar de estar esposado- consiguió quitarle el arma a Gaddis y le disparó tres veces en la cabeza.
Édgar Tamayo fue el ladrón detenido que asesinó a Gaddis. Tras hacerlo, logró salir de la patrulla aunque fue reaprehendido cuadras más adelante.
El otro detenido, Zarco Mendoza, quien era amigo de Tamayo, declaró a la policía cómo habían ocurrido los hechos y sirvió de testigo de la fiscalía en el juicio contra el mexicano.
Al ser cuestionado sobre la razón por la cual disparó contra Gaddis, Tamayo respondió que lo hizo porque estaba enojado con el oficial quien no le permitió pasar a dejarle unas llaves a su esposa, antes de ser trasladado a la cárcel.
Esto según el expediente que puede consultarse en línea en el Departamento de Justicia Criminal de Texas.
Este crimen fue la causa por la que el mexicano Édgar Tamayo Arias fue sentenciado a muerte. En Texas, uno de los crímenes más graves es el asesinato de un policía.
Bajo el Código Penal de Texas, “asesinar a un agente del orden público o a un bombero que actúe en el ejercicio legítimo de su labor oficial, sabiendo que es un policía o bombero”, constituye la primera de las ocho agravantes para imponer la pena capital.
Tamayo fue ejecutado a pesar de las protestas debido a que no contó con asesoría consular, lo que viola el debido proceso.
Varias organizaciones civiles, el gobierno federal y de Morelos, de donde Tamayo es originario, han apelado a al fallo del Caso Avena para impedir la ejecución del oriundo de Miacatlán.
El Caso Avena consiste en un fallo de la Corte Internacional de Justicia que ordenó a Estados Unidos revisar las sentencias de más de 50 mexicanos, quienes no contaron con la asistencia del consulado.
El fallo fue emitido el 31 de marzo de 2004, después de que el gobierno mexicano demandó a EU ante el máximo tribunal internacional. (NOTIMEX)
